Uno de los síntomas que más claramente identifican como democrático a un régimen político es el derecho de los ciudadanos a manifestar que están o no de acuerdo con él, con sus fuentes de derecho o incluso con sus cosmovisiones político-sociales concretas. Espero equivocarme cuando digo que Europa (y más concretamente España) está a pocos años de que deje de darse esta situación mientras pretendemos ser los abanderados del mundo en progreso y bienestar social. Ejemplos de la dirección en la que vamos son primero la Ley de los odios de Leire Pajín y luego la Ley Mordaza del PP, ambas proclamadas con el tan patético como recurrente argumento de que "en otros países ya se hace", vivo reflejo de lo que Cela llamaba papanatismo ibérico.
Estas normas implican no sólo una peligrosa relativización de lo que se considera ofensivo (de hecho, es posible que no sea compatible ni con nuestra propia constitución), sino que también empieza a definir escenarios en los que se considera ilegal el expresar públicamente una opinión contraria a lo que la ley considera canónicamente aceptable. Llegamos a un punto en el que ya cualquier adjetivo que sirva para identificar a un colectivo concreto pasa a ser considerado un insulto, por evidente que sea que no se haya empleado de manera peyorativa. Bueno es que la realidad es compleja y molestamente contradictoria, y ya tenemos el precedente de que no es tan grave referirse a la condición homosexual de un hombre como maricón... Al menos si quien lo dice es una ministra para referirse a otro ministro. A mí, personalmente, me ha parecido una polémica falaz, al punto de que la expresión no parecía tener intención despectiva (como sí las populares maricón el último o tienes menos fuerza que el pedo de un maricón), y en el mundo homosexual el término maricón es de uso común en el compadreo de unos y otros. Paradójicamente, este supuesto proteccionismo moral no se generaliza para ámbitos más peligrosos para la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la promoción pública de engañifas dirigidas a personas desesperadas, como la adivinación o las pseudoterapias sanitarias, que incluso han tenido y tienen no pocas consecuencias mortales por el abandono de tratamientos médicos en enfermedades graves o la renuncia a las vacunas... Todo por poner algún ejemplo más allá de ser una de las maneras más vomitivas de generar dinero fácil que existen.
Lo gracioso es que en el fondo existe siempre un ridículo fariseísmo político de quien propone este tipo de leyes coercitivas, fingiendo al mismo tiempo abanderar la subida a la siguiente cumbre de la libertad de expresión: Nunca pasa completamente de moda, pero últimamente se habla mucho del derecho a la blasfemia o de la despenalización de las injurias a la Corona, a la nación o incluso el enaltecimiento del terrorismo, en aras de la libertad de expresión. Yendo por partes, no creo que blasfemar sea propiamente un derecho, sino más bien una consecuencia de la libertad de expresión. En España se puede blasfemar (de hecho, el 99% de los españoles lo hace decenas de veces al día sin ninguna consecuencia legal) y solo se ha planteado el sancionar a algún artistilla en malos tiempos (o que nunca los ha tenido buenos) que sólo intenta llamar la atención al hacerlo públicamente en algún medio de comunicación. En otros países cuya herencia cultural estamos empezando a ver más legítima y respetable que la nuestra no es así... Y quien no se lo crea, que le pregunte a la ya olvidada Asia Bibi. Por permitir el enaltecimiento del terrorismo sí que no paso: estamos hablando, sin más, de colaborar directamente con una banda criminal en activo. No creo, sin embargo, que deba considerarse un delincuente el que opina públicamente que es legítimo asesinar civiles por fines políticos: es tan solo un hijo de perra o un indigente intelectual, que es peor. El delito, por tanto, estaría en lo concreto, no en lo abstracto o ideológico. Por el resto, considero que es legítimo insultar públicamente cualquier cosa, cualquier símbolo, cualquier concepto; limpiarse el culo o sonarse los mocos con una bandera... Lo que sea. Pero la libertad de expresión bien entendida tiene que ser bidireccional. Si cualquiera se caga en algo que yo amo, yo debo tener el derecho de cagarme a su vez en su puta madre, así como escupir sobre quien haya mancillado la bandera o símbolo que considere mío. Es lo justo, ¿no?
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